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El dueño de la escuela

Rouco Varela, hace un par de días: “El Estado no es el dueño de la escuela”. Tiene razón. El dueño es él, que por algo preside la Conferencia Episcopal. La Iglesia católica en España, en el siglo XXI, sigue siendo el primer patrón de la enseñanza. Rouco no solo es el jefe directo de los funcionarios más extraños del país: esos profesores de religión que paga el Estado, pero sirven a la jerarquía eclesiástica, que es quien arbitrariamente los contrata y despide. La Iglesia también controla el 69% de la educación concertada, unos centros que cada día pesan más frente a la debilitada escuela pública. Ya hay autonomías, como Madrid, donde hay menos colegios públicos que privados y concertados. Es una tendencia que va a más. Es una contrarreforma premeditada y calculada para transformar la sociedad, empezando por su base: desde la niñez.

Las mayores protestas contra la nueva reforma educativa del PP han estado ligadas al modelo de inmersión lingüística en Catalunya. Mientras tanto, el ministro Wert ha conseguido esconder bajo la lengua otros aspectos también transcendentales de su plan. El catalán ha sido usado de trampantojo, una vez más.

Una de las claves de la contrarreforma de Wert está en los conciertos educativos: en los requisitos que tendrá que cumplir un centro privado para que el Estado lo subvencione con dinero público. Hasta ahora, eran las autonomías -donde está transferida la educación- quienes tenían la llave y podían controlar qué colegios privados se convertían en concertados. Ahora, las tornas cambiarán. Serán los empresarios de la educación, con Rouco Varela al frente, quienes tendrán el poder para forzar un concierto educativo, incluso contra la planificación autonómica. Estos conciertos estarán amparados por un subjetivo concepto -”la demanda social”- que dejará a las autonomías sin apenas capacidad para organizar la red escolar; podrá haber “demanda social” para un colegio concertado al lado de otro público vacío. Por supuesto, las autonomías tampoco podrán negarse a subvencionar a una escuela sexista que separe a las niñas de los niños, a pesar de las sentencias del otras veces sagrado Tribunal Constitucional.

Subvencionar la enseñanza concertada es (al 69%) subvencionar la educación católica. Es otro modo de financiar con el dinero de todos el proselitismo y el adoctrinamiento de esta religión. Favorecer los conciertos es también una forma de dinamitar la escuela pública. Convierte la educación en un nuevo copago; según el INE, cada alumno de la concertada acaba pagando de media 800 euros al año. No hace falta una barrera mucho más alta para segregar a los ciudadanos desde niños, según su clase social. Sin una escuela pública de calidad, lo que se derrumba es la igualdad y el propio Estado del bienestar.

Nacho Escolar

La servidumbre no se acepta

La crisis está disparando a la multitud. No pasa un día sin que nos encontremos con un amigo que se ha quedado en paro o que ha tenido que cerrar su negocio. No pasa una conversación sin que afloren los problemas de un hijo, un enfermo o un jubilado. La gente vive de forma inmediata su problema o su incertidumbre individual, pero tarda en tomar conciencia de la degradación colectiva de la sociedad. Asistimos a un desgarrón histórico grave, un giro de rumbo en el que derechos decisivos están siendo desmantelados.

¿Es culpa del sistema? La verdad es que vivimos en un sistema que nos empuja a la degradación. El capitalismo especulativo genera mucho dinero, pero acumulado en pocas manos. No crea riqueza para la gente común. Al contrario, su imperio depende hoy del paulatino empobrecimiento de la sociedad. El sistema desprestigia y desmantela las pensiones públicas para alimentar el negocio de las pensiones privadas. El dinero de las pensiones privadas se desvía a los fondos de inversiones, y son estos fondos los que se apoderan, por ejemplo, de multinacionales como Capio Sanidad. Lejos de ver la salud como un bien personal y social, las multinacionales sólo atienden a su negocio y someten la esperanza de vida de las personas a sus cuentas de resultados.

Este sistema es una cabronada, desde luego, y parece difícil imaginar hoy de modo racional una salida digna a la crisis sin una transformación profunda del dichoso sistema. Pero a la hora de exigir responsabilidades conviene ser flexibles, o sea, conviene entrar en destalles. Las culpas del sistema, con su fatalidad abstracta, no empequeñecen las responsabilidades de los gobiernos concretos, de los especuladores de carne y hueso y de los ciudadanos sometidos a la condición de siervos. La servidumbre no se acepta.

El sistema no podría marcar una vertiginosa degradación de los ciudadanos y negocios como Capio Sanidad no podrían jugar con la vida de las personas si no hubiese gobiernos dispuestos a privatizar la sanidad pública. Yo no entiendo otro patriotismo que el de los derechos civiles. Uno de los emblemas del patriotismo español ha sido para mí, además de la poesía y la vida nocturna, la sanidad pública. Si no hubiese gobiernos y partidos dispuestos a poner nuestra sanidad en manos de Capio, es decir, a poner en venta la nación, el sistema no estaría agrediéndonos con esta impunidad que disfruta ahora. Malditos sean los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid. Moverse hacia una estructura más cara y peor no es sólo culpa de un sistema. Es decisión de un Gobierno. La servidumbre no se acepta.

La vida nos condena a la busca. Todos tenemos que trabajar o que buscar trabajo. Pero hay trabajos y trabajos. Que existan fondos de inversiones dispuestos a hacer negocio con la salud de un país o a especular con los alimentos y el hambre, es muy propio de este sistema. Pero sería imposible la agresión que sufrimos sin empresas como Capio Salud o sin especuladores de carne y hueso. Malditos sean, no por el sistema al que pertenecen, sino por su complicidad concreta. La servidumbre no se acepta.

Y es que la complicidad de las personas es fundamental para que los especuladores hagan negocio y el sistema imponga su imperio. Complicidad al especular y complicidad por no defenderse, por aceptar las cosas con pasividad, por no pasar a la acción, por no imaginar alternativas cívicas y políticas que pongan freno a la rapiña. Nosotros también somos el sistema y las responsabilidades, aunque en distinto grado, están compartidas.

Escribo este artículo en un tono tan descarnado por dos motivos. En primer lugar, porque quiero hacer un homenaje a los profesionales de la sanidad madrileña que han levantado una marea blanca en legítima defensa no ya de su trabajo, sino de un derecho clave para todos nosotros. La sociedad debería corresponder con una movilización generalizada en su apoyo. La servidumbre no se acepta.

El segundo motivo es de orden literario. Algunos amigos -académicos, líricos o simples cortesanos-, me han aconsejado en los últimos tiempos que me aleje de la política. ¡Estoy demasiado comprometido! ¡Estoy manchando mi obra, mis poemas de amor! No tengo tiempo ahora de explicar lo cerca que siempre han estado a lo largo de la historia las camas de hospital y los lechos de amor. Por eso me limito a recordarme a mí mismo que San Juan de la Cruz, Quevedo, Jovellanos, Espronceda, Unamuno, Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda o Miguel Hernández sufrieron torturas, cárceles, exilios o penas de muerte por su compromiso humano y político. Si yo no me siento inmortal, no es por mi cercanía a la política, sino por los versos que he escrito. Pero lo seguiré intentando. La servidumbre no se acepta.

Luis García Montero

La educación y el orgullo

 

Al teléfono móvil me llega un mensaje informativo del centro escolar en el que estudia mi hija: “se ha producido una falta de asistencia a la clase de lengua extranjera”. Luego insiste el parpadeo de la pantalla. Recibo mensajes sobre las clases de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Matemáticas, Iniciación a la vida laboral e informática. Este tipo de mensajes me llenan en otras ocasiones de inquietud. Hoy me siento orgulloso. Mi hija está en huelga y yo soy uno de esos padres, tan parecidos a los terroristas según las consignas mediáticas del partido en el Gobierno, que apoyan la huelga de sus hijos.

También me siento orgulloso de los profesores que llevan muchos meses conformando una marea verde en defensa de la educación pública y laica. Ese derecho constitucional se ha convertido en una aspiración radical y peligrosa desde que el ministro de Educación ha manchado los patios de colegio y sus conversaciones con un gusto por el desatino que mi hija y sus amigos califican de Wertedero.

Los profesores saben que las escuelas y los institutos no son hoy el único espacio de socialización de los niños. La familia, la televisión y las redes tecnológicas ocupan un lugar muy importante en la definición de las experiencias y las mentalidades. Los profesores saben también que su trabajo es imprescindible, que las cosas estarían mucho peor sin su esfuerzo, porque la degradación laboral y la mercantilización imponen con frecuencia los paradigmas de la zafiedad, la desatención y la tele-basura en las dinámicas sociales. Por mal que estén las cosas, los profesores asumen que cuando cierran la puerta de sus aulas son responsables inmediatos de lo poco o mucho que se pueda hacer por los alumnos. Ese es el motivo de que buena parte del profesorado no utilice la coartada de los malos tiempos para renunciar y se comprometa con ilusión cotidiana contra la barbarie de los planes de estudios, los recortes en inversiones y la falta de respeto de la que hace gala este ministerio.

En las discusiones políticas de los últimos años se ha entendido la idea del pacto por la educación como un acuerdo equilibrado sobre el carácter ideológico de los programas. Un verdadero error: el único pacto importante es la toma de conciencia de que la educación pública, al margen de los intereses y credos particulares, supone el verdadero vínculo, el cimiento de una sociedad. Los partidos deben ponerse de acuerdo en aumentar la inversión en educación pública hasta llegar a la media de los países europeos que merecen ser imitados. Y, después, deben dejar tranquilos a los profesionales para que trabajen en la difusión del conocimiento y en la formación de las personas.

Un buen programa educativo no es sólo el que prepara mano de obra para los mercados de trabajo o el desempleo. Es también el que sirve para formar ciudadanos capaces de sentirse libres y solidarios del dolor o la alegría de los demás. La ley del más fuerte es la consecuencia última de la mala educación, que no tiene que ver con la inquietud, la rebeldía y la desobediencia, sino con la consolidación de un mundo organizado por la desigualdad y los privilegios. El tratamiento humillante que se le viene dando a las humanidades en los planes de estudios es mucho más grave para la formación de las personas que las sucesivas polémicas sobre una asignatura particular destinada a la educación para la ciudadanía.

Así que me siento orgulloso por la huelga de mi hija, una niña que tenía pensado hacer el bachillerato artístico y que ve ahora como su música y su teatro se le escapan por el Wertedero que está acabando en España con la educación pública y la cultura.

La huelga es educativa. Como los colegios no son los únicos espacios de socialización, prefiero que las llamadas del compromiso político, la rebeldía y la defensa de los derechos sustituyan por una semana a la tele-basura en el escenario español. Igual tenemos suerte y la espesura de la derecha acaba de españolizarnos a todos, pero de una manera distinta. El españolismo manipulador del PP sólo ha servido para facilitar el sentimiento independentistas en Cataluña y El País Vasco. Quien nos quita ahora la ilusión de que el asalto a la enseñanza pública no sirva para unir por fin a alumnos, profesores y padres en la defensa de una educación decente, quiero decir, bien financiada, laica, libre y no discriminatoria por razones económicas o de sexo. En todos los asaltos contra la democracia, la educación es siempre la primera línea de fuego.

Luis García Montero en Público

Discurso de Rajoy (versión descartada)

Jose A. Pérez, colaborador de eldiario.es, sostiene haber encontrado una primera versión del discurso que Mariano Rajoy pronunció ayer, domingo 10 de junio de 2012. Por el interés del documento lo reproducimos aquí:

Buenos días.

Como todos ustedes saben, hemos sido rescatados. No ha sido fácil, dado que nuestra imagen en Europa es de un país corrupto y desorganizado que ha vivido una era dorada debido a las ayudas europeas y a la especulación.

El rescate, tal y como ustedes sin duda habrán intuido, tendrá condiciones. Estoy convencido de que entenderán que nadie presta una cantidad de dinero tan enorme sin condiciones. Se harán públicas cuando la negociación esté definitivamente cerrada, pero es obvio que no serán agradables para nosotros. Teniendo en cuenta lo ocurrido en los demás países intervenidos, es probable que nos pidan que aumentemos el IVA, que retrasemos la edad de jubilación y que rebajemos la prestación por desempleo. Lógicamente, negociaremos con Europa hasta el último aliento, y les informaré personalmente del resultado de las negociaciones en cuanto sea posible.

¿Arreglará el rescate la situación de España? Les puedo garantizar que, al menos, evitará la muerte súbita. Y eso, en estos momentos, es mucho. Este rescate no generará empleo ni mejorará nuestro nivel de vida. Este dinero es para los bancos, para cubrir el enorme agujero que ha quedado tras tantos años de compulsiva inversión inmobiliaria que ahora apenas vale el precio del polvo que acumula. Los recortes en el Estado del Bienestar que estamos viviendo y que pronto tendremos que intensificar son, en definitiva, el precio de muchos años de irresponsabilidad financiera y política.

Bien.

Ahora, y antes de dar paso a las preguntas, me gustaría compartir con todos ustedes una reflexión que creo fundamental. Esta situación no se produce Deus ex Machina, y sería sumamente cínico decir que se debe en exclusiva a la crisis global o a la gestión del anterior Gobierno.

Lo cierto es que, durante décadas, en España hemos potenciado la cleptocracia, la cultura del pelotazo y la corrupción en todos los estamentos sociales. También en el político. Todos los gobiernos han apostado por la burbuja, el pelotazo y la especulación. Por la picaresca y la ley del mínimo esfuerzo. Ni siquiera hemos sido capaces de llegar a pactos mínimos de pura responsabilidad institucional, como el de la educación. Ciertamente, son cuestiones que deberían avergonzarnos a todos como españoles, empezando por nosotros, los responsables políticos.

Por eso quiero anunciarles que esta misma semana mantendré una reunión con el líder del Partido Socialista. Quiero que ese encuentro inaugure un proceso encaminado a replantear las bases mismas de nuestra democracia. A hacerla más sólida, transparente y justa. Es fundamental que esta crisis y sus terribles consecuencias sociales no sean en vano. Que sirvan para que todos comprendamos que el bienestar solo puede basarse en tres pilares. Solo en tres. Educación, esfuerzo y valores.

Gracias. Pueden preguntarme lo que deseen. Estoy para servirles.

Hay que echar al del quinto derecha

Ayer tuvimos junta extraordinaria de la comunidad de propietarios de mi bloque, tumultuosa como siempre son estas reuniones, pero todos los vecinos estuvimos de acuerdo: hay que echar al del quinto derecha. Todos menos él, claro, que no reconoce su culpa. Pero todos sabemos que es él quien ha arruinado nuestra comunidad y nos ha llevado a la actual situación, al borde de que nos corten la luz por impago y de que el ayuntamiento nos embargue la cochera por no estar al día con la contribución.

La culpa, como digo, es del moroso del quinto derecha. Es cierto que su apartamento no supone mucho en la comunidad, apenas tiene un 2% de superficie, pero suficiente para liar la que ha liado. Y no me refiero solo a sus atrasos en el pago de la comunidad, que siempre debe unos cuantos recibos y nunca acaba de ponerse al día, aunque hasta ahora hacíamos la vista gorda y apoquinábamos porque sabíamos de sus apuros económicos. Tampoco es sólo por su comportamiento derrochador, que cada vez que baja por la escalera enciende las luces de todos los descansillos, y en invierno abre las ventanas cuando tiene calor en vez de cerrar los radiadores. Todas esas cosas nos han llevado a la ruina actual, pero no son los únicos motivos para expulsarlo de la comunidad.

El problema viene ya de antiguo, son muchos años de aguantar sus costumbres incívicas: el mantel sacudido por el patio, el cigarro que enciende en el ascensor, la basura dejada en el portal a deshoras, la música a todo volumen, los gritos de sus amantes cuando folla con la ventana abierta, o las fiestas que monta sin importarle que los demás tengamos que madrugar al día siguiente, pero qué le va a importar eso a él, que no da un palo al agua.

Ayer el administrador presentó las cuentas del último año, y la situación es dramática: el agujero de la comunidad es gigantesco, y no vale con despedir al portero y contratar a un sin papeles, ni prescindir de la señora de la limpieza y fregar la escalera por turnos. Eso es el chocolate del loro, hablamos de números rojos con muchos ceros, al tiempo que se multiplican las manchas de humedad, cortocircuitos y grietas por todo el edificio desde que tuvimos que prescindir de la empresa de mantenimiento.

En la reunión no hizo falta que nadie apuntase con el dedo: según oíamos el informe del administrador, y las explicaciones de la presidenta de la comunidad, todos los ojos se volvieron hacia él, el vecino del quinto derecha. Sabiéndose bajo sospecha, intentó defenderse como pudo: dijo que él no era el problema, que toda una comunidad de vecinos no puede haberse arruinado por cuatro recibos atrasados, que además hay otros que deben más que él; y a continuación acusó al administrador de llevar años estafándonos: cobra un dineral por sus servicios, nunca nos enseña las facturas, trapichea con el suministrador de gasóleo, infla los presupuestos de las obras, y encima nos convenció para invertir lo que sacamos por los locales comerciales en preferentes de Bankia que ahora no valen nada.

Como vio que sus acusaciones provocaban cuchicheos entre los vecinos, trató de convencernos con una denuncia aún más grave: afirmó que la presidenta de la comunidad, el tesorero y el vocal están compinchados con el administrador, se reparten con él las mordidas, y le protegen haciendo uso de la mayoría de votos que tienen por ser los mayores propietarios. Llegados a este punto, la presidenta -que en efecto es quien controla las reuniones por tener más votos, ya que es propietaria de dos pisos, tres trasteros y cinco plazas de garaje, y además siempre trae los votos que le delegan los que no asisten a las reuniones-, furiosa, le leyó la cartilla al moroso, enseñó los recibos impagados, mostró las lecturas de sus contadores de luz y agua para que no nos quedase duda de que es un manirroto, le acusó de haber vivido por encima de sus posibilidades durante años y estar ahora pidiendo dinero a los vecinos para llegar a fin de mes –dinero que nunca devuelve-, y terminó llamándole a gritos parásito, vago, sucio y otras palabras mayores.

El del quinto derecha se quejó de ser el chivo expiatorio, dijo que le estábamos usando para tapar nuestras miserias, que vaya mierda de comunidad, con vecinos así mejor vivir solo; y mientras salía a la carrera, huyendo del posible linchamiento, amenazó con no volver a pagar un recibo, ni los atrasados ni los corrientes, y profetizó que otros vecinos que también están en apuros económicos no tardarían en seguir su ejemplo, lo que acabaría mandando al carajo a toda la comunidad de propietarios.

Menudo elemento, se merece un buen escarmiento, dijo la presidenta, y todos asentimos. Después votamos el presupuesto, el más austero de nuestra historia, aprobamos una nueva derrama y un aumento de la cuota mensual como último intento para salvarnos, y renovamos la junta directiva y el contrato del administrador secundando la propuesta de la presidenta, qué otra cosa podemos hacer, si de todas formas ella siempre se sale con la suya, y además todos tenemos algún recibo pendiente y cualquier día nos sacan los colores como al del quinto derecha.

En fin, que yo en realidad quería hablarles de Grecia y de Europa, de cómo los malditos griegos nos llevan a todos a la ruina y hay que expulsarlos del euro cuanto antes, pero se me ha pasado el artículo contándoles estas cosillas de mis vecinos, y ya no me queda espacio. Otro día será.

Isaac Rosa

“‘Low cost’: usted paga menos y pronto le pagarán menos”

Conversación con Nancy Fraser, filósofa, profesora de la Nueva Escuela de Investigación Social (Soy hija cultural del 68 y creo en sus valores de justicia e igualdad, pero debemos adaptarlos a nuestros tiempos: estoy por la tasa Tobin. Nací en Baltimore y participé en boicots para que admitieran a negros en la piscina y mi colegio. Soy judía cultural. Colaboro con el CCCB.)

Artículo de La Vanguardia, el entrevistador comienza:

Fantaseo con la profesora Fraser sobre cómo suavizar los rigores de la globalización: quizás Irán amenace la paz mundial, pero seguro que los paraísos fiscales atacan ya a nuestra educación y sanidad. No pedimos que la OTAN invada las Bahamas, pero sí más control para los evasores de impuestos. ¿Y si boicoteáramos los productos baratos de países que no respetan los derechos de sus trabajadores? Les haríamos un favor y, de paso, nos haríamos a nosotros mismos más competitivos. Funcionó con los explotadores de niños. ¿Por qué no con los explotadores de adultos? La actitud es poderosa: antes nadie dejaba de comprar un coche barato porque contaminara. Hoy el que ensucia no vende.

Y ella dice:

Apple tuvo un pico de demanda y para cumplir sus compromisos se vio obligada a triplicar la producción…

¿Movilizó media California?

Despertó a todos sus trabajadores de Guangdong a las dos de la madrugada.

¿Son muchos?

La subsidiaria de Apple, que trabaja también para otras megatecnológicas, cuenta con un millón cien mil empleados.

No es una pyme.

Apple necesitaba doblar la cadena nocturna y en una hora lo logró. A las tres de la madrugada, todos ya trabajaban a tope, y a las diez de la mañana se había cubierto el pico.

¿Cómo lo sabe?

Es un caso de manual en las universidades. Tratamos de explicar cómo el hambre de trabajo de millones de inmigrantes chinos del campo a la ciudad permite milagros productivos globales como Apple.

Quien emigra suele trabajar más.

Estamos en un proceso imparable en el que a medida que los trabajadores de países emergentes vayan adquiriendo más derechos –ojalá los logren pronto– nosotros, los empleados de países anteriormente ricos, los iremos cediendo… con nuestros salarios.

En Harvard dicen que el equilibrio entre sueldos y derechos de los chinos y nosotros se alcanzará en veinte años.

Cada vez que un trabajador norteamericano entra en Wal-Mart y compra productos chinos baratos está rebajando su salario.

Que se preparen también para trabajar como chinos por el salario de los chinos.

Es el mismo proceso. Usted compra barato lo que antes fabricaban en su país o en otro país europeo que respetaba los derechos laborales y, de ese modo, contribuye a liquidar su empleo y a rebajar su propio salario.

Los chinos tienen derecho a prosperar.

Por eso mismo: prosperar significa conseguir derechos laborales. Pero seamos realistas: no podemos bajarnos del tren de la globalización, porque aislarse sería peor que la peor de sus consecuencias.

Podemos intentar entenderla.

Veamos: los estados europeos habían conseguido tras la guerra una cierta estabilidad en sus estados nación, dentro de lo que los juristas llaman marco westfaliano.

Íbamos tirando.

Cada Estado protegía a sus ciudadanos y, mediante sus impuestos, redistribuía la riqueza que creaba su economía en forma de servicios del Estado de bienestar.

Algunos lo hacen mejor que otros.

Pero para poder redistribuir la riqueza, primero hay que crearla, y lo que Europa fabricaba y vendía para mantener sus servicios hoy lo fabrican y venden mucho más barato los países emergentes.

Eso lo sabíamos.

Pero es que, además, el peso del capital financiero especulativo y sus instrumentos de intervención multiplica varias veces el capital invertido en producir bienes. Su enorme poder acelera la competitividad global, un proceso que antes era más lento.

El especulador proporciona liquidez.

Y antes de eso, los occidentales ya hemos cedido bienestar sin darnos cuenta…

Es que estos años han sido duros.

Estas décadas. Recuerde que sus padres podían vivir relativamente bien sólo con el salario del cabeza de familia. Hoy son imprescindibles dos sueldos para mantener el mismo nivel de vida en un hogar.

Pronto harán falta tres para vivir peor.

Nuestra convergencia con las condiciones de vida de los emergentes podría, no obstante, ser menos traumática para todos si interviniéramos como ciudadanos democrática y soberanamente en el proceso.

¿Hay alternativa a aguantarse?

Por supuesto. Antes le hablaba de Wal-Mart y la vida low cost: usted paga menos y así le acaban pagando menos a usted.

Nadie regala nada por nada.

Y en el otro extremo está el high tech: Google, Facebook, Apple… Son sectores californianos donde los sueldos se han disparado.

¡Pero aquí evaden sus impuestos!

Porque sus estados nacionales europeos ya son impotentes para hacerles pagar. Pueden confiscar las rentas del trabajo de sus clases medias, pero son incapaces de hacer pagar a grandes fortunas o multinacionales.

¿Si quisieran, podrían?

Han entrado en una subasta competitiva por atraer inversiones y empleos que incluye hacer la vista gorda fiscal con las multinacionales, porque ellas pueden crear empleo.

También tienen miedo a que los grandes capitales huyan de la fiscalidad.

Se gravan más las rentas del trabajo que las del capital, precisamente por la misma lógica anticuada: si se molesta al gran capital, se irá a otra parte y perderemos inversiones. Si evitáramos los paraísos fiscales –algo perfectamente factible con la suficiente presión ciudadana–, se frenaría ese proceso.

No tenemos estados capaces de eso.

Han sido desbordados por la globalización. Estamos hablando de problemas globales que requieren soluciones globales. Y eso implica un nuevo cosmopolitismo que las haga posibles. Hoy sólo las clases medias creen en el Estado nación: las clases altas lo utilizan y las clases bajas son migratorias.

El nacionalismo es de clase media.

Necesitamos un nuevo cosmopolitismo que sepa ver que nuestros grandes problemas globales ya no tienen soluciones nacionales. Así podremos crear instituciones globales para solucionarlos.

La Vanguardia

Hay alternativas a los recortes

 

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Mikel Jaso

Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.

Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.

Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.
O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.

O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.

El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).

El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes.

Pura ideología

Los gobiernos autonómicos de derecha (PP y CiU) que están impulsando recortes en la educación y la sanidad pública intentan convencer a los ciudadanos de que los ajustes son inevitables. No es cierto. Claro que hay que mejorar los desequilibrios presupuestarios, pero destruir plazas de profesores o cerrar hospitales es una decisión política, no una verdad revelada. Y nadie impide a dichos gobiernos subir impuestos o eliminar desgravaciones fiscales para recaudar el dinero que necesiten para garantizar la calidad de los servicios sociales básicos.

El ataque contra la educación y la sanidad pública responde al credo neoliberal. Cuando Esperanza Aguirre lanza su declaración de guerra contra los profesores, cree que es una operación que le ayudará doblemente en su objetivo de deteriorar la enseñanza pública: al reducir el número de profesores es evidente que empeora la calidad y, además, aprovecha las protestas para propagar una mala imagen de los centros públicos y extender así el miedo entre los padres, de forma que se planteen enviar a sus hijos a colegios concertados o privados.

Se trata, por supuesto, de convertir la educación en un negocio. Y por eso se plantea con descaro la posibilidad de ir eliminando la gratuidad de la enseñanza. Pero no sólo. La derecha sabe que para lograr esa hegemonía cultural que teorizó Gramsci es fundamental inculcar sus valores a los jóvenes. Y frente a la neutralidad de la educación pública, a nadie se le escapa cuál es la ideología de más del 90% de los colegios concertados o privados.

“Mentira podrida”

Soy una madre de la escuela pública. No la escogí por pobreza, ni por la imposibilidad de acceder a otro modelo. Algunas personas próximas a mí nunca han entendido esta opción, que interpretan como una muestra de tacañería, de indolencia o de irresponsabilidad respecto al futuro de mis hijos. Yo, sin embargo, creo firmemente que una escuela pública igualitaria, gratuita, laica, interclasista y de calidad, constituye el primer peldaño de la civilización y el único modelo a escala de una auténtica sociedad democrática. Solo por eso, la habría escogido, pero la calidad de la enseñanza también cuenta. En los colegios privados y concertados suelen enseñar, como norma general, docentes que no han logrado entrar por oposición en la escuela pública.

No me siento agredida por las protestas de los mejores profesores que hay en España. Lo que me ofende es que los responsables de esta situación pretendan manipular a la opinión pública presentando a padres y alumnos como víctimas de sus reivindicaciones. Y aún me ofende más que -después de haber asistido, año tras año, al recorte sistemático de recursos en la enseñanza pública madrileña- se presente una ofensiva estrictamente ideológica como una consecuencia de la crisis.

Mentira podrida. Lo que pretende el Gobierno de Aguirre, que no ahorra en los terrenos que le dona a la Iglesia católica ni en las subvenciones de los concertados, es convertir la escuela pública en una vía muerta, un reducto para ciudadanos de segunda clase. Para lograrlo, cuenta con la complicidad de una sociedad anclada en el viejo modelo franquista de los “colegios de pago” y los “pobres gratuitos”. Eso es lo más triste de todo. En ningún otro país europeo, con mejores notas en el Informe PISA, sucedería nada parecido. Pero España, una vez más, es diferente y algo más, un país anormal, aunque ni siquiera lo sepa.

Almudena Grandes

El valor de la educación

Cada vez está más claro que nuestra riqueza nacional obtenida en los largos años dorados del boom inmobiliario no fue a parar a la educación. La educación, como podemos comprobar un día sí y otro también, no es una de nuestras glorias nacionales, a diferencia, por ejemplo, del fútbol o, hasta no hace mucho, de los toros. Y aunque los políticos suelen hablar de la educación, la mayoría de ellos no sienten ninguna devoción hacia ella y prefieren, por el contrario, estimular la ignorancia, la burricie y la estupidez.

La educación en España provoca mucho ruido y poco debate. En términos generales, nuestros políticos sienten atracción por el poder, la comunicación, es decir, salir mucho en los medios, y por sus votantes, aunque solo por los más fieles. Como para lograr todo eso no necesitan estudiar, sentir el amor por el conocimiento, la educación les trae sin cuidado. Hablan, eso sí, de formación, pero, en realidad, quieren decir preparación, adquirir crédito profesional a través de un título, ganar dinero fácil y con rapidez. La formación es otra cosa.

Como ocurre con casi todo en la vida, no hay una única y simple verdad sobre la educación, pero hay un acuerdo bastante básico entre los especialistas en señalar que la educación significa el desarrollo integral de los individuos más allá de la preparación profesional, algo que incluye necesariamente comprender la naturaleza de las cosas y el mundo que nos rodea. La educación es una guía imprescindible para captar los entresijos de la sociedad tan compleja que hemos creado. Conocimiento, respeto por las personas y ambición por ampliar los estrechos horizontes de la pequeña comunidad de vecinos, familia y amigos en la que cada uno habitamos. Esas son tres cualidades básicas de la educación.

Con el trasfondo de la cruda crisis económica y de las altas tasas de paro que padecemos, a muchos les gusta repetir hasta la saciedad que nunca ha habido una generación tan bien formada como los jóvenes en la actualidad, lo cual, vista la historia de España de la mayor parte del siglo XX, no significa gran cosa. Ese tópico, un lugar común bastante generalizado también en los medios de comunicación, en las tertulias y en la calle, es el resultado, por un lado, de la confusión entre preparación profesional, aunque sea chapucera, y formación; y por otro, de un desconocimiento agudo y preocupante de lo que significa la educación.

Una persona educada debe ser capaz de pensar y escribir con claridad, comunicar con precisión y pensar críticamente, algo que debería ser un requisito imprescindible para los estudiantes universitarios. No hace falta conocer mucho las universidades españolas ni ser un especialista en educación para comprobar lo lejos que estamos de esa primera y fundamental premisa.

Una buena educación, además, debe proporcionar una apreciación crítica de las formas en que obtenemos el conocimiento y la comprensión de la sociedad, conocimientos básicos de los métodos experimentales de las ciencias, de los logros sociales, artísticos y literarios del pasado, de las principales concepciones religiosas y filosóficas que han guiado la evolución de la humanidad. No se puede ser provinciano, solo del pueblo o ciudad donde uno ha nacido, sin aspirar a aprender de verdad otros idiomas, ignorando a las otras culturas o los hechos históricos que han contribuido a configurar el presente. La educación debería servir también, por supuesto, para adquirir especialización o formación profesional en algún campo de conocimiento. De una persona educada, en fin, se espera que tenga algún conocimiento sobre los problemas éticos y morales, en constante cambio, que pueda ayudarle a formarse un juicio sólido y elegir entre las diferentes opciones.

El salto de la mera preparación, de un conocimiento informado, a una apreciación crítica de las cosas, a la formación profunda, puede resultar una ambición inalcanzable, pero hay que perseguirla con ahínco a través del estudio continuo, del estímulo del hábito de la atención, del arte de la expresión y del pensamiento crítico. Desarrollar los poderes del razonamiento y del análisis no es algo que se estimule mucho entre nosotros, dominados como estamos por la mentalidad de los tecnócratas y de los corredores de Bolsa, que animan a obtener beneficios inmediatos, con un desconocimiento supino de lo que significa organizar la enseñanza a largo plazo.

La educación es un privilegio que no puede dejarse en manos de los burócratas, de los amantes de las estadísticas y del currículo, de quienes desprecian a los profesores y limitan su autoridad ante los alumnos, los padres y la sociedad en general. En los tiempos en que vivimos, rodeados de ordenadores y tecnología moderna, la información puede adquirirse sin demasiada dificultad. La educación necesita mucho más, aunque en España todavía no nos hayamos enterado.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

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